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Seis personas voluntarias de la asociación Bizirun asesoran para ayudar a personas en riesgo de exclusión en Irun. En 2025 se ha atendido a 420 nuevas familias y se han realizado 1.500 citas presenciales para resolver dudas sobre ayudas y prestaciones sociales, y en especial, para canalizar permisos de residencia y solicitudes de nacionalidad.

En Irun "muchas familias no tienen información sobre sus derechos y las administraciones no facilitan las cosas", dice Fontso Gebara. Por tanto, "se prolongan las situaciones de pobreza y exclusión social".

Bizirun es desde 2020 una asociación sin ánimo de lucro que contribuye al acceso a los derechos sociales de las personas y familias en riesgo de exclusión en la comarca del Bidasoa. En los últimos años, dicen, ha aumentado el número de personas que se encuentran en Irun en una situación desoladora. Y como las personas voluntarias de la asociación ofrecen información, asesoramiento y apoyo práctico en trámites relacionados con la RGI (Renta de Garantía de Ingresos), IMV (Ingreso Mínimo Vital), Ayudas de Vivienda, Ayudas por Hijos e Hijas, Pensiones No Contributivas, Documentación para Ayudas de Servicios Sociales o Extranjería, conocen bien la realidad social de Irun.

Cada vez más personas necesitadas

Fontso Gebara, de Bizirune, nos ha explicado que hace cinco años en el local situado junto a la plaza Pío XII de Elitxu, en Serapio Mujika, número 20, dos personas voluntarias comenzaron a ofrecer este servicio, pero "movidas por la necesidad" en la actualidad trabajan seis personas a diario. "Ha sido un año muy intenso e importante", nos cuenta "la asociación se ha consolidado, han llegado muchas familias nuevas y cada vez más personas acuden a nosotros en busca de ayuda".

En 2025 han atendido a 420 nuevas familias, han realizado más de 1.500 citas presenciales, y han respondido a más de 7.500 mensajes de WhatsApp aclarando dudas o respondiendo a peticiones de ayuda. Según Gebara, "los cambios legislativos y la crisis de la vivienda han agravado las situaciones de pobreza e irregularidad", lo que ha supuesto casi duplicar la carga de trabajo.

Sin embargo, este 2026 Bizirun tiene como objetivo llegar a más familias, y para ello, quieren reforzar la formación de personas voluntarias y aumentar su impacto político. Porque saben que van a endurecer las condiciones de acceso a las prestaciones sociales. Y eso les genera "mucha preocupación". El mayor número de solicitudes de ayuda que reciben son, en cambio, temas relacionados con la extranjería. "Sobre todo, permisos de residencia y solicitudes de nacionalidad", dice Fontso Gebara. Esto es una condición indispensable para las personas de origen extranjero a la hora de reclamar cualquier derecho.

Círculo vicioso de la Administración

En este sentido, y a pesar de que vivimos en una supuesta sociedad del bienestar, según la asociación Bizirun, las administraciones no aportan la información suficiente sobre los derechos y prestaciones que tienen las personas. De hecho, existen diferentes apoyos sociales y dispositivos, pero "muchas familias carecen de la información o los recursos necesarios para acceder a sus derechos y las administraciones no facilitan las cosas para ejercerlos", dice Gebara, con lo que "las situaciones de pobreza, exclusión e inseguridad se prolongan".

Afirma que en la mayoría de las administraciones es difícil conseguir citas en los Servicios Sociales, así como recibir atención presencial. Por otro lado, la brecha digital es un hándicap importante a la hora de acceder a los derechos de las personas. Y muchas de las personas que se encuentran en situación vulnerable no tienen la posibilidad ni la capacidad de realizar trámites a través de internet. En consecuencia, para muchas sacar la exclusión de la rueda del riesgo se convierte en un laberinto administrativo, una cuerda que no termina.

Asimismo, Bizirun denuncia que los cambios legislativos están extremando el acceso a los servicios sociales. Pero en la medida en que garantizan sus derechos, les ha supuesto duplicar la carga de trabajo de la asociación Bizirun en 2025. En el último año se han producido dos hitos importantes en este sentido. El pasado 20 de mayo entró en vigor la nueva normativa sobre extranjería. "El tiempo necesario para regularizar la situación de las personas migrantes se ha reducido de 3 a 2 años, permitiendo combinar el análisis con el arraigo socioformativo", explica Gebarak sin negar que la nueva ley tenga diferencias positivas. Pero "esa nueva ley ha sido muy dura con los solicitantes de asilo porque no les computa el tiempo de estancia en el Estado español si les niegan el asilo", denuncia.

Por otro lado, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco aclara que Lanbide no puede denegar la RGI a demandantes que no presentaban un contrato de alquiler de vivienda o habitación. Fontso Gebara tiene claro que el problema de la vivienda se ha vuelto muy grave porque "los precios de los alquileres se han encarecido muchísimo y cada vez es más difícil acceder a una habitación con contrato y censo". Ante estas dificultades, afirma que en Irun hay personas que pagan por una habitación pero no les hacen un contrato ni les dejan empadronarse en ella. Por tanto, no pueden adquirir derecho alguno.

Sin censo no hay derechos

Bizirun asegura que esta situación ha traído consigo un fenómeno que hasta ahora ha pasado desapercibido en Irun. "Dado que el padrón es imprescindible, en Irun algunas personas a las que la administración obliga a estar en situación irregular pagan a los propietarios de las viviendas por un padrón, aunque sea sin habitar en él", dice Gebara. Del mismo modo, se ha hecho habitual ver a personas que viven en locales que no ofrecen derechos de empadronamiento, o varias familias conviviendo en una misma vivienda.

Los obstáculos y las condiciones legales que impone la Administración hacen que se encuentren en una situación más rígida en las necesidades de protección internacional en el caso de las personas solicitantes de asilo. Cuando se les deniegue definitivamente, ya que deben pasar a la irregularidad durante 2 años. "Son personas que están cotizando en el trabajo y en la seguridad social, pero las destinan a la irregularidad y pierden sus trabajos", aclara Bizirun.

En este sentido, denuncia la "paralización y olvido" de la iniciativa legislativa popular "Regularización ahora" puesta en marcha en el Parlamento español para dar respuesta a estas "situaciones injustas". Así, Bizirun, además de ayudar a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión en el día a día, está tratando de intervenir en las instituciones públicas. Gebara afirma que también han comparecido en las Juntas Generales de Gipuzkoa y en el Ayuntamiento de Irun para explicar las consecuencias negativas que tendrá el nuevo Reglamento de Extranjería para quienes soliciten protección internacional. Y en 2026 quieren acelerar su influencia política. "Nos gustaría iniciar acciones con otras asociaciones, sobre todo para modificar las normas que impiden o dificultan el acceso de las familias más vulnerables a los derechos sociales y prestaciones básicas", subraya.

Precisamente, con el fin de garantizar el derecho fundamental a la vivienda, la asociación advierte de que el Gobierno Vasco ha aprobado el 25 de diciembre un nuevo artículo en la Ley de Vivienda que establece que "la presentación del contrato de alquiler es necesario para solicitar la RGI, por lo que se está cerrando la puerta a las personas y familias que más lo necesitan".

Publicado originalmente en euskera en antxetamedia.eus.