La falta de disposición al acuerdo por parte de la empresa Palacio de Arozteguia, S.L. ha llevado a los y las siete procesadas en esta causa a celebrar el juicio del 3 al 7 de febrero. Previamente, han convocado una manifestación nacional el 1 de febrero en Iruña.
En 2021 cientos de vecinos y vecinas de Baztan y la comarca realizaron una acampada para paralizar la obra que la empresa Palacio de Arozteguia SL estaba realizando en sus terrenos. Y es que esta empresa quiere montar allí un campo de golf, 228 viviendas unifamiliares y un hotel de lujo contra el que se movieron los ciudadanos. No es la única vez que los y las ciudadanas se oponen colectivamente a ello. Itziar Torres ha señalado que "esto tuvo una repercusión enorme en Euskal Herria, pero la ciudadanía lleva 20 años luchando contra esto". Durante todos estos años, han sido "permanentemente judicializados, tanto los y las ciudadanas como los y las alcaldesas", y ahora son siete los y las ciudadanas, entre ellas Torres, que serán llevados a los juzgados del 3 al 7 de febrero.
Antes de acudir a los tribunales, "el fiscal hizo un llamamiento al acuerdo" a las dos partes de esta causa, a la que, como ha explicado Itziar Torres, asistieron los y las siete ciudadanas, "mostrando su voluntad de llegar a un acuerdo razonable". A estas siete personas acusadas se les imputa "un delito de organización criminal" y una multa de 56.000 euros, además de una pena de 20 años de cárcel. Torres ha querido dejar claras dos cosas. Por un lado, las personas procesadas "junto a cientos de ciudadanos y ciudadanas hemos conseguido parar la obra colocando nuestros cuerpos delante de las máquinas. Nosotros y nosotras hemos hecho esto públicamente y aceptamos con orgullo este acto concreto de desobediencia, incluso con sus consecuencias". Por eso mismo, "hemos pagado una multa de 56.000 euros, con la ayuda de ciudadanos y ciudadanos y colectivos". Porque esta no es "sólo la historia de siete personas, sino la batalla histórica de todo un pueblo", ha añadido.
Por otra parte, Torres ha afirmado que no aceptan de ninguna manera la acusación de grupo criminal: "Es falso. Palacio de Arozteguia quiere la acusación de este grupo criminal, cueste lo que cueste, porque tiene una causa pendiente con los Gobiernos de España y Navarra. Les reclama una indemnización de 43.000.000 de euros porque los gobiernos no han tomado medidas antes de la acampada y han quedado desamparadas, por lo que han tenido que abandonar el proyecto. Esta última es también una gran mentira, ya que el PGOU (Plan de Impacto Supramunicipal) sigue vigente. Sólo nosotras paramos la obra un momento". Además, esta acusación "tiene un fondo para los movimientos populares de Euskal Herria. Esto abre el camino para considerar cualquier protesta como terrorismo", ha citado.
Torres ha dicho que es el Gobierno de Navarra el que tiene la responsabilidad de paralizar este proyecto en su totalidad, no denominarlo UGEP o proyecto de interés general. Como este no hace nada, la procesada tiene claro que "habrá que quedarse con el movimiento popular". Para ello, han convocado una manifestación nacional el primero de febrero en Iruña, en la que han convocado a todos y todas las ciudadanas de Euskal Herria a participar: "Esta lucha se ha dado colectivamente en Baztan y así respondemos siempre, colectivamente". «Hemos convocado una manifestación nacional porque creemos que este asunto tiene la importancia del País Vasco. El campo está en una situación delicada, quieren criminalizar la defensa de la tierra y esto no es sólo un asunto de Baztan".
La procesada ha reconocido que, al ser un colectivo pequeño que se mueve en contra del proyecto de Palacio de Arozteguia, "necesitan ayuda de todos los rincones de Euskal Herria" y ha pedido a quienes estén dispuestos a ello que escriban a la dirección de correo electrónico aroztegia_elkartasuna@ni.eus, si es que quieren llevar a cabo acciones en solidaridad con este pueblo.
Publicado originalmente en euskera en antxetamedia.eus.