Movimiento Pensionista de Euskal Herria.- El día 11 de mayo del presente año el Movimiento Pensionista de Euskal Herria, en base al art. 29 de la CE, Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del derecho de Petición, y normativa autonómica, presentamos una PETICIÓN al Gobierno Vasco, del siguiente tenor.
“Que el Gobierno Vasco adopte las iniciativas y las medidas necesarias para garantizar que las personas pensionistas que perciben las pensiones mínimas de la SS reciban unos ingresos máximos equivalentes al SMI neto vigente. Que estas ayudas se apliquen de oficio a las personas pensionistas, especialmente a los mayores de ochenta años, y que se asignen, sobre todo en el caso de las mujeres, considerándolas como una unidad económica unipersonal, sin integrarlas en ninguna unidad convivencial.”
El 12 de mayo se nos comunicó por escrito, en nombre del Lehendakari, que se remitía la PETICIÓN el Vicelehendakari Mikel Torres. Dado que no recibíamos ninguna respuesta, este 12 de junio hemos solicitado una reunión al Sr. Mikel Torres encontrándonos con que no conocía nuestra propuesta y hemos tenido que entregarle nuevamente la petición inicialmente entregada al Lehendakari.
Nos parece impresentable que el mes de octubre de 2025 el Gobierno Vasco haya presentado públicamente el III Plan de Acción para el Gobierno Abierto en Euskadi, cuyo objetivo prioritario es regenerar la calidad democrática de la administración y mejorar la participación de la ciudadanía, y haya transcurrido un mes desde que presentamos la solicitud sin que el Gobierno Vasco responda a un derecho de petición amparado constitucionalmente. Igualmente, nos parece inaceptable que el primero de los cuatro objetivos marcados en dicho Plan de Acción sea trabajar la eficacia y los protocolos de las Iniciativas ciudadanas en materia normativa y ocho meses después no se haya contestado a nuestra petición presentada en octubre de comparecer en la Comisión de Gobernanza, Comisión de Economía y Comisión de Igualdad que están presididas por PNV y PSE.
Ya hubo un fraude el 25 de septiembre del año pasado cuando el Gobierno y los partidos que le apoyan vetaron que se pudiera debatir en el Parlamento Vasco nuestra ILP para equiparar pensiones mínimas y salario mínimo, despreciando las firmas de más de 145.000 personas, y hoy el día en que el GV sigue incumpliendo la normativa en contra de la discriminación de la mujer que obliga a incorporar a las políticas públicas la perspectiva de género y combatir la desigualdad e impide que las mujeres pensionistas que perciben las pensiones mínimas puedan tener independencia y autonomía económica, obligándolas a depender de terceras personas.
Este Gobierno Vasco habla mucho de lo que va a hacer, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. El “todo para el pueblo, pero sin el pueblo” no es de recibo. Le exigimos que nos tenga en cuenta a las personas pensionistas y que cumplan sus propias leves.