Es preciso que el gasto público se oriente hacia los sectores más débiles de la sociedad, y que se reduzcan gastos prescindibles como la propaganda. En una época de crisis como la que vivimos, la racionalización y transparencia del gasto son esenciales para los ayuntamientos. Defendamos una política de gasto austera y racional, pero que priorice los servicios públicos y la inversión para crear empleo, a la protección social y a vivienda en alquiler.

Gran parte de nuestra juventud sufre un alto porcentaje de paro y tiene pocas o nulas posibilidades de emanciparse, desde el ayuntamiento vamos a proponer para mejorar estas condiciones impulsar la creación de microempresas apoyando la iniciativa de los emprendedores jóvenes y en especial en el campo de la economía verde y que la riqueza que generen beneficie a la comarca. Apoyar y fomentar el sistema de micro mecenazgo para la financiación de los proyectos.

- ¿Conocéis el problema del Peak Oil (Pico del petroleo), y qué medidas se puede adoptar en el municipio para atenuar sus efectos?

Los municipios son co-responsables de los daños ambientales que están destruyendo el planeta, pero también de las soluciones. Es urgente acometer medidas de transición que nos lleven hacia pueblos y ciudades basadas en una mayor capacidad de autosuficiencia y autonomía. Municipios que generen su propia energía limpia, que se abastezcan de alimentos y productos producidos en su entorno. Que estén basadas en el principio de economía de ciclo cerrado.

- Toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada. Los últimos años la vulneración de este derecho se ha hecho especialmente visible dejando a las personas en situaciones de precariedad y exclusión social. ¿Qué dirección a medio y largo plazo planteáis para que el derecho al uso de una vivienda digna en Irun sea un derecho efectivo?

Creación de un parque de viviendas de alquiler protegido. Mientras la media europea de viviendas de alquiler oscila entre el 30 y el 50 % del parque, en la CAPV apenas alcanza el 9%. Para nosotros la principal prioridad es la vivienda en alquiler.

En todos los ámbitos de viviendas públicas planteamos un porcentaje importante de alquiler protegido, implicando a otras instituciones en la financiación, e incluso dedicando cantidades presupuestarias propias, con el fin de dotar al municipio de un parque amplio de viviendas en alquiler protegido que haga posible el acceso real a la vivienda. Para ello, se realizarán convenios de colaboración de carácter interinstitucional.