Tomando como base el decreto  de la Junta de Andalucía sobre desahucios y expropiación de viviendas vacías.

STOP Desahucios.- Una vez más el PP ha cerrado en falso el problema de los desahucios. El texto aprobado hoy en solitario desvirtúa por completo la Iniciativa Legislativa Popular presentada por las plataformas de afectados por la hipoteca avalada por 1,4 millones de firmas y apoyada por el 90% de la población. Una de las medidas propuestas en esa ILP es el alquiler social para las personas que se han visto afectadas por una ejecución hipotecaria y que ahora están abocadas a vivir en la calle mientras miles de casas en manos de las entidades financieras se encuentran vacías incumpliendo la función social para la que fueron construidas.

Al mismo tiempo, el Gobierno Vasco nos anuncia un protocolo contra los desahucios en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y Eudel similar a otras medidas anunciadas anteriormente y que se han manifestado inservibles para paliar el drama de los desahucios.

Para empezar vemos que es complicado que un juez tenga que establecer el "riesgo de exclusión social" cuando en la inmensa mayoría de los procedimientos no tiene la posibilidad de escuchar a los afectados

En segundo lugar, esta nueva medida no arranca ningún compromiso de las entidades financieras por lo que el servicio de mediación al que se va a derivar a los afectados no podrá hacer absolutamente nada como ha venido ocurriendo hasta ahora.

En  tercer lugar no han tenido en cuenta las opiniones de los miles de  afectados que estan integrados o colaboran con stop desahucios.

Por último, se prometen viviendas para los afectados. ¿De dónde van a salir?. Los recursos de vivienda pública destinada al alquiler son muy limitados y no sólo tienen que atender a los desahuciados. Lo que parece claro es que el Gobierno Vasco no va a facilitar que ese parque público aumente con las viviendas vacías existentes,muchas de ellas en poder de bancos e inmobiliarias afines, así que dudamos de que haya viviendas para todo aquel que la necesite.

Una vez más nos encontramos ante una cortina de humo e instamos a todos los partidos políticos con representación en el Parlamento Vasco a que, al igual que ha hecho la Junta de Andalucía, elaboren una ley urgente que acabe con esta paradoja de gente sin casa y casas sin gente. Y que regule la expropiación de estas casas vacías, unas 81.000 en la CAV, especialmente las que se encuentran en manos de las entidades financieras.

Exigimos que esta ley contemple las siguientes medidas:

• A la mayor brevedad, publicar un censo detallado de viviendas vacías, desglosando quién es el propietario: entidades financieras y sus inmobiliarias, instituciones y administraciones públicas, grandes grupos empresariales o particulares así como su ubicación y estado de conservación. 
• El Gobierno Vasco deberá expropiar las viviendas vacías para destinarlas a familias desahuciadas que abonarán un alquiler social. Durante el periodo en que las viviendas estén ocupadas por los afectados se interrumpirá el cómputo de la deuda y los intereses de demora. No pudiendo, la entidad financiera, iniciar ningún procedimiento de ejecución hipotecaria sobre los bienes de los avalistas.
• Se dará prioridad a las familias más necesitadas en función de sus ingresos, el número de miembros de la unidad familiar y su situación familiar. 
• El alquiler social estará fijado en función de los ingresos de la unidad familiar, revisables y en ningún caso superará el 30% de dichos ingresos.

Por último instamos a los ayuntamientos a que, en la medida de sus posibilidades, contribuyan a disminuir el número de viviendas vacías y que estas se destinen al alquiler social.