Publicado originalmente en euskera. Ver abajo.
Para mañana está previsto el desahucio. La pareja de más de ochenta años solicitó acogerse a la Ley 1/2013, de 14 de mayo, para lo cual presentaron un informe de vulnerabilidad emitido por los servicios sociales.
Stop Desahucios Oarso - Bidasoa.- Después de un intento de desahucio fallido en 2.020, donde ni el juzgado le dio la razón, el Banco Sabadell lo ha vuelto a intentar.
En esta ocasión se han superado, por orden de su inmobiliaria Solvia, han dado una patada a la puerta, han reventado la cerradura, la han cambiado y han colocado rejas y alarmas.
STOP Desahucios.- Pasadas las 12 de la mañana del lunes 15 de abril llegaba María José con algunas compañeras de STOP Desahucios Bidasoa y Erletxea a lo que algunas personas denominan ya: la Plaza Afrika. Desde anteayer, ya no sólo se encuentran acampadas en la plaza en las horas del día las compañeras de Irungo Harrera Sarea para dar acogida a las personas migrantes en tránsito, ahora, María José, una madre sola de tan sólo 30 años de edad, a la que hace un par de meses le diagnosticaron una cáncer en el pecho, se ha visto obligada a hacer visible su situación personal para defender el Derecho a una Vivienda Digna para todas las personas.
STOP Desahucios acampará hoy a las doce y cuarto frente al Ayuntamiento de Irun esta mañana para acompañar a una madre sola y enferma de cáncer que se queda en la calle.
Debieron desalojar su vivienda de alquiler el pasado 3i de mayo por requerimiento del propietario.
Las recientes SENTENCIAS DEL TC, sobre la LEY FORAL NAVARRA 24/2013 y la LEY ANTIDESAHUCIOS de ANDALUCIA, a pesar de que prohíben la expropiación de uso de viviendas vacías de los bancos, en casos de desahucio, con la excusa de ser competencia estatal, reconocen que LAS VIVIENDAS DEBEN ESTAR HABITADAS PARA CUMPLIR SU FUNCIÓN SOCIAL, y que las leyes pueden concretar ese deber, y establecer co
Erletxea y STOP Desahucios Bidasoa denuncian que el requisito de tener un “documento identificativo” crea una exclusión injustificada del colectivo más vulnerable. Se niega el acceso a recursos básicos como el dispositivo de frío o el comedor social y los servicios sociales se convierten en controles migratorios
