Publicado originalmente en euskera. Ver abajo.

Organizado por la Asamblea de Cooperación para la Paz (BLB) y la cooperativa KOOP SF 34 bajo el lema "Mugak hausten. Derecho a la movilidad y a una acogida digna", se celebró el pasado miércoles en Palmera Montero de Irun. Previamente, comparecieron en la plaza San Juan para reivindicar el derecho a la migración y a una acogida digna de todas las personas. Las violaciones de derechos humanos que se producen en los países de origen, en el tránsito y aquí, así como las "desapariciones masivas silenciadas" de personas migrantes muertas han sido traídas al primer plano.

Denuncian en Irun las vulneraciones de derechos que se viven en las fronteras, y especialmente en la del Bidasoa. Recordando que las "políticas migratorias fascistas" europeas obligan a las personas migrantes a emprender caminos cada vez más peligrosos. Los "controles racistas y discriminatorios" basados en el perfil étnico, por un lado, y la criminalización de los y las voluntarias que trabajan por una acogida digna en defensa del derecho a migrar, por otro, fueron denunciados en una comparecencia celebrada en la plaza San Juan de Irun.

Irun como núcleo estratégico de las rutas migratorias

Asimismo, analizaron las consecuencias de las políticas migratorias europeas en los países de origen, el tránsito y el destino en una mesa redonda organizada en Palmera Montero. No han elegido Irun al azar. Según Fátima Fernández, de la asociación Amher, "Irun juega un papel fundamental en los procesos migratorios internacionales y se ha convertido en un espacio estratégico para la migración en tránsito hacia Europa".

El encuentro reunió a diferentes agentes a favor de los derechos humanos en las fronteras entre África y Europa, en los países de origen de las personas migrantes y en las fronteras interiores europeas como Irun-Hendaia. Oihana Galardi, representante de la Irungo Harrera Sarea, ha destacado que este encuentro ha servido para "darse cuenta de que las políticas migratorias racistas que venimos denunciando en Irun desde hace tiempo, se repiten en diferentes lugares por las mismas razones".

En este sentido, Fátima Fernández, de Amher, subraya que "las violaciones de derechos humanos que se producen aquí no son una excepción, sino que forman parte de un modelo completo que niega los derechos fundamentales". Fernández se ha referido a las políticas racistas que sufren las personas migrantes: "La presencia policial y las políticas racistas hacen que muchas personas elijan otras rutas cada vez más peligrosas. Desde abril de 2021, diez personas han muerto intentando cruzar la frontera. Siete de ellos en el río Bidasoa, y tres atrapados por un tren". Fernández ha explicado que las jornadas han sido una oportunidad para denunciar el racismo institucional. "Hacemos una reivindicación clara a favor del derecho a la migración y hoy necesitamos que la acogida sea una sociedad". Así, anima a la ciudadanía a denunciar las injusticias y la necesidad de movilizarse en defensa de los derechos.

Desapariciones masivas silenciadas

Helena Maleno, fundadora del colectivo Caminando Fronteras, periodista y activista de derechos humanos galardonada con treinta premios internacionales, también tuvo ayer la oportunidad de reflexionar sobre la realidad de las personas migrantes fallecidas en el camino. Denuncia que a las personas migrantes les obligan a realizar rutas cada vez más peligrosas. Y pone como ejemplo el hecho de que este año partieran siete pateras desde Guinea Conakry, a más de 2.000 kilómetros, en dirección a Canarias. "Las políticas migratorias de control y disuasión levantan las paredes, y en las rutas migratorias los sistemas de seguridad estrictos son cada vez más largos y peligrosos y provocan más muertes", dice Maleno, responsabilizando a las autoridades europeas y españolas, denunciando su racismo institucional, "han establecido en vigor una política que decide quién vive y quién muere en las fronteras del Estado español, son políticas de omisión del deber de socorrer en el mar", denuncia.

Asimismo, como con las miles de personas fallecidas cada año en el mar, en el caso de las 10 personas migrantes fallecidas desde abril de 2021 intentando cruzar el Bidasoa, la fundadora del colectivo Caminando Fronteras reivindica los derechos de sus familiares. Helena Maleno ha aclarado que han pedido al Gobierno Vasco que tome medidas para proteger a los y las familiares de las personas migrantes fallecidas como víctimas. "Muchos y muchas de estas familiares de víctimas de las fronteras viven aquí, son nuestros vecinos y vecinas y exigimos que, como con las personas desaparecidas, puedan acudir a las Oficinas de Víctimas, a las comisarías de policía para denunciar", dice la activista de derechos humanos, que considera que si no se reconocen los derechos de estas víctimas "el Estado no los reconoce y las desapariciones silenciadas masivas producen el mismo efecto y dolor en nuestra sociedad que las desaparecidas en fosas de la Guerra Civil española".

También participó en la mesa redonda Mamadou Dia, fundador de la Fundación Hahatay de Senegal. Destaca la importancia de un espacio común "para reivindicar la dignidad humana y denunciar el drama migratorio". Y denuncia el negocio de la pobreza que provoca el sistema capitalista basado en la negación de los derechos humanos, proclamando que hay que acabar con todas sus empresas y mafias. "Provocan pobreza y catástrofes en sus países de origen, y cuando a muchos jóvenes africanos se les agotan los espacios de paz, no tienen más alternativa que migrar para ganarse la vida, pero ese derecho es negado por el sistema, el mismo sistema que niega a los y las jóvenes de aquí el acceso a una vivienda y a una vida dignas, que se luce con pobreza". Todo ello convierte a las rutas migratorias en «un infierno», dice Mamadou, y a Irun en parte de ese infierno que provoca muchas muertes.

Fuentes: antxetamedia.eus y bidasoa.hitza.eus.