MPEH.- Tras conocer por los medios el informe desfavorable del Gobierno Vasco a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular para complementar las pensiones mínimas de la SS hasta el salario mínimo interprofesional el MPHE.
MANIFESTAMOS: Con este informe desfavorable del GV nuestras peores expectativas sobre la posición del gobierno se están cumpliendo y nos sentimos doblemente engañados. En primer lugar, porque, lejos de ser un informe jurídico como se nos dijo en la reunión del 17 de julio, el informe que se nos presenta es un informe político sin ningún tipo de rigor ni de datos, sin correspondencia con el informe presentado junto a la ILP por el Movimiento Pensionista en septiembre del año pasado. En segundo lugar, porque habiéndosenos ofrecido un cauce de participación política del pueblo, garantizado por el art. 23 de la CE y por el EA, que ha exigido esfuerzos de todo tipo, y un procedimiento arduo y costoso, y que ha concitado el apoyo de todas las organizaciones sindicales sin excepción, de cientos de organizaciones sociales y feministas y de más de 145.000 firmas, ahora se pretende dar CARPETAZO a la iniciativa negándonos siquiera el derecho a que se admita a trámite y pueda ser debatida en el Parlamento Vasco.
Con este informe desfavorable a que se pueda tramitar y debatir una iniciativa legislativa popular que ejerce una competencia propia, responde a una injusticia histórica con las mujeres, y a la necesidad de que las personas mayores tengamos independencia y suficiencia económica, el Gobierno Vasco deja al descubierto que sus discursos sobre el fortalecimiento de la democracia y la justicia social son pura propaganda.
Dice el Gobierno Vasco que la protección de los pensionistas ya está garantizada por la Renta de Garantía de Ingresos desde 2008, pero no dice que esa garantía que para un perceptor independiente era del 100% del salario mínimo interprofesional se anuló en 2019 dentro de sus políticas de recorte de gastos sociales. Dice el GV que no se puede aceptar un complemento individual sin tener en cuenta los ingresos de la unidad convivencial pero no dice que esa política de ahorro está conduciendo a que las mujeres que son las que tienen las pensiones más bajas tengan que depender de sus cónyuges o parejas de hecho.
Reclamamos el derecho de cada persona pensionista a tener una renta suficiente independientemente de sus relaciones de convivencia, tal y como reconocen el Pilar Europeo de Derechos Sociales, el art. 13 de la Carta Social Europea o la Resolución del Parlamento Europeo de julio de 2.022.
La RGI, diseñada y pensada para las personas en edad activa con el fin de fomentar su inclusión laboral, acredita su fracaso en relación a las personas pensionistas porque el máximo de 15.000 perceptores alcanzado en algún momento representa un 16% de los más de 90.000 pensionistas, la mayoría mujeres, que no tienen ingresos para vivir dignamente. Porque no se trata sólo de evitar la pobreza y la exclusión social de las personas pensionistas sino de garantizarles unos ingresos de suficiencia que les permitan hacer frente a gastos básicos entre los que se encuentran, además de la alimentación, la salud y la vivienda.
Dice el GV que complementar las pensiones corresponde al Estado, pero esto significa una dejación flagrante de una competencia que está prevista en el Estatuto de Autonomía, la de crear un SISTEMA VASCO DE COMPLEMENTO DE PENSIONES, tal y como certificaron los Servicios Jurídicos y la Mesa del Parlamento Vasco. Además, es inaceptable que se diga que no hay recursos económicos para las personas pensionistas más precarias mientras se reparten a fondo perdido cientos de millones de euros para grandes empresas.
Parece evidente que el PNV y el PSE-EE han decidido consumar lo más rápidamente posible este atropello a la participación de la ciudadanía. El movimiento de pensionistas no vamos a cejar en nuestro empeño y vamos a responder. El día 8, en las concentraciones que reiniciamos, daremos a conocer las movilizaciones que estamos organizando.