Jóvenes desprotegidas y sin derechos.- En Irun, ciudad que presume de ser solidaria y socialmente avanzada, tres jóvenes —vascos, vecinos de esta ciudad desde hace años— se han visto abandonados por los servicios sociales en el momento más crítico de sus vidas: cuando necesitan un techo.

Su procedencia debería ser irrelevante, y lo es; lo que importa es que son parte de nuestra comunidad, han vivido aquí, han contribuido como cualquier otro ciudadano. Y hoy, cuando llaman a la puerta de las instituciones que deberían protegerlos, se encuentran con un portazo: "todo está colapsado", "el albergue está lleno", "vayan a Cáritas o a la Cruz Roja".

¿Es esta la respuesta de un sistema público que se supone garante del derecho básico a la vivienda? Delegar responsabilidades en entidades benéficas —por muy bien que trabajen— no puede ser la única salida. Los servicios sociales no pueden limitarse a dar excusas técnicas cuando la urgencia es humana.

Si tres jóvenes se quedan en la calle, no es un fallo individual. Es un fracaso colectivo. Es la señal de alarma de que algo no está funcionando, de que los recursos no están dimensionados para las necesidades reales, o peor aún, de que se decide mirar hacia otro lado cuando no se trata de personas con apellidos conocidos o trayectorias "esperables".

Los discursos institucionales sobre inclusión, convivencia y derechos se vacían de contenido cuando se niega algo tan básico como un techo a quienes forman parte de esta comunidad. ¿De qué sirve presumir de políticas sociales si en la práctica se externaliza la urgencia y se deja que la respuesta la den las ONG?

No es caridad lo que se pide. Es justicia. Es responsabilidad pública. Y es, sobre todo, una cuestión de dignidad. La de esos chicos. Y la de todos nosotros como sociedad.