El pasado año la mayoría de la sociedad y medios de comunicación del País Vasco celebramos el final del proceso judicial que nunca hubo de haberse iniciado contra Euskaldunon Egunkaria. Pero antes del cambio de año nos asaltó un nuevo ataque que condiciona la libertad de nuestro trabajo periodístico: la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Un conjunto de medidas legales promovidas por el Gobierno Español que ahondarán en el aspecto punitivo. Es por ello que debemos manifestarnos, una vez más, en defensa de la libertad de expresión.

Todos los días vemos en los medios de comunicación cómo el poder económico y político va recrudeciendo sus estrategias represivas a distintos niveles. Lo hemos visto todos estos días a cuenta del mundial de fútbol de Brasil, en las movilizaciones en defensa de Can Vies, en los cientos de miles de desahucios que se llevan produciendo en el Estado español, y un largo etcétera que no podríamos reproducir aquí. Toda esta barbarie responde a un mismo objetivo común, que ya todos y todas conocemos muy bien, la acumulación de capital. Pero también va acompañado de una estrategia de gentrificación que de formas muy diferentes y a través de distintas estrategias más sutiles o más violentas se van repitiendo a lo largo y ancho del planeta.

Bajo la normativa sancionadora de la ordenanza municipal "sobre comportamiento cívico y reguladora del uso, ocupación y limpieza de la vía pública" del 2011, el sindicato LAB ha tenido que hacer frente al pago de una multa de 720€ por, según consta en la multa, "colocar pegatinas, carteles, pasquines, pancartas, banderolas de carácter político o cualquier tipo de anuncio/publicidad o de otra índole sin autorización". Esta multa hace referencia a la manifestación que se realizó el pasado 30 de mayo dentro de la jornada de huelga general y convocada conjuntamente por diferentes agentes sociales y sindicales como coordinación Herri Ziztadak. 

Desde que el pasado 15 de abril del 2011 apareciera publicada en el Boletín Oficial de Gipuzkoa la "ordenanza municipal sobre comportamiento cívico y reguladora del uso, ocupación y limpieza de la vía pública" y su posterior aplicación semanas después, la situación de las mujeres prostitutas que ejercen su trabajo en la calle se ha convertido en un infierno de multas que han llegado incluso a los juzgados. Hace justo ahora un año teníamos la oportunidad de asistir a una charla con una persona del Centro Aukera que trabaja con estas trabajadoras. Desde entonces a día de hoy el empeoramiento en su situación de indefensión y vulnerabilidad ha aumentado considerablemente debido a la aplicación del artículo 17 de la mencionada ordenanza.