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El Comité de Solidaridad Aroztegia ha organizado una manifestación nacional el 1 de febrero. Siete vecinos y vecinas de Lekaroz han sido condenadas a 20 años de cárcel y 56.000 euros de multa por paralizar momentáneamente el proyecto de carpintería en 2021. El comité quiere denunciar la agresión a la tierra a las puertas del juicio y ya hay 140 agentes diferentes de toda Euskal Herria que se han sumado a su lucha.

La manifestación nacional del 1 de febrero, organizada por el Comité de Solidaridad Aroztegia, ha obtenido un gran apoyo. 140 agentes de toda Euskal Herria han apoyado la acción y el comité ofreció el 21 de enero una rueda de prensa delante de los juzgados de Pamplona para expresarlo “con orgullo”, como ha señalado desde el Comité de Solidaridad Gorka Laurnaga Aroztegia.

Tras la acampada que tuvo lugar en 2021, la lucha contra el proyecto Aroztegia se convirtió en una cuestión de Euskal Herria. Gorka Laurgana, del Comité Solidario Aroztegia, ha reconocido que hasta entonces era “un problema local”, pero en los últimos años se ha visto que “no se trata de algo hecho a siete personas concretas, que hay un modelo que se quiere imponer contra la tierra y a favor del negocio, un modelo que impulsa sus intereses y que hay diferentes expresiones en Euskal Herria”.

El comité pretende que la manifestación nacional del 1 de febrero sea lo más multitudinaria posible y ya ha conseguido el apoyo de 140 agentes diferentes, gracias a las charlas y mesas redondas que han llevado a cabo pueblo a pueblo en las últimas semanas. Laurnaga ha dicho que con esto "se ha buscado socializar el tema". Con el mismo objetivo celebraron la rueda de prensa. A las puertas de los juzgados de Pamplona se reunieron para explicar el caso de las siete personas procesadas por Aroztegia y añadir que "esto es algo que está ocurriendo constantemente en Euskal Herria y en diferentes partes del mundo". Laurnaga ha añadido que "la tierra nos está gritando para salir a defenderla. Esto no es algo contrario a siete personas concretas, sino el medio de castigar a un pueblo. Al final ahí hubo un ejercicio de desobediencia, se suspendieron todas las vías institucionales y democráticas e introdujeron máquinas. Sólo nos quedó hacer eso, desobediencia civil. Respondieron con represión y somos criminales ahora esas personas y no todo esto los que lo están haciendo, los que por interés privado y egoísta están desmenuzando la tierra".

Contentos están desde el Comité de Solidaridad Aroztegia con el apoyo que han conseguido en las últimas semanas. Laurnaga ha subrayado que han visto "el enfado de la gente" y que "sentir ese apoyo lo es todo" y ha reconocido que "si esto sale bien, evidentemente se conseguirá por la movilización popular y la oposición social". Sin embargo, todavía tendrán que seguir haciendo fuerza. De hecho, el juicio, que inicialmente debía celebrarse entre el 3 y el 7 de febrero, ha sido relegado a mayo. Se celebrará del 19 al 23 de mayo, por lo que tienen claro que hacia primavera tendrán que "volver a levantar polvo": "Podía ser algo esperado. Sabíamos que estas cosas suelen ser así. Va a ser un proceso largo, de una semana, van a pasar un montón de testigos y por eso pensábamos que sería difícil cambiar de fecha, pero por otras razones lo han hecho volver a mayo. Sin embargo, habíamos convocado una manifestación y no vamos a dejar que se tambaleen nuestras propuestas y decidimos seguir adelante. Haremos una manifestación fuerte y después haremos muchas cosas".

El comité pretende que la manifestación nacional del 1 de febrero sea lo más multitudinaria posible y ya ha conseguido el apoyo de 140 agentes diferentes, gracias a las charlas y mesas redondas que han llevado a cabo pueblo a pueblo en las últimas semanas. Laurnaga ha dicho que con esto "se ha buscado socializar el tema". Con el mismo objetivo celebraron la rueda de prensa de ayer. A las puertas de los juzgados de Iruña se reunieron para explicar el caso de los siete procesados por Aroztegia y añadir que "esto es algo que está ocurriendo constantemente en Euskal Herria y en diferentes partes del mundo". Laurnaga ha añadido que "la tierra nos está gritando para salir a defenderla. Esto no es algo contrario a siete personas concretas, sino el medio de castigar a un pueblo. Al final ahí hubo un ejercicio de desobediencia, se suspendieron todas las vías institucionales y democráticas e introdujeron máquinas. Sólo nos quedó hacer eso, desobediencia civil. Respondieron con represión y somos criminales ahora esas personas y no todo esto los que lo están haciendo, los que por interés privado y egoísta están desmenuzando la tierra".

Gorka Laurnaga, del comité, dice que “si esto se queda será porque hacemos mucho ruido". Han considerado que la movilización del 1 de febrero es una oportunidad única para “poner el tema en la agenda pública” ya que, según el enfado social que suscita, “el juicio va a condicionar a uno u otro lado”. Precisamente, el resultado del caso será un precedente para otras luchas en Euskal Herria: “En juego no solo está el futuro de estas siete personas, sino también el futuro del movimiento popular y de la desobediencia civil. Es un antecedente para cuando viene. Hay élites económicas y políticos con poder que quieren poner ahí un precedente y criminalizar, es de esperar que lo haga en el futuro”. Por ello, será importante tomar las calles el primer día de febrero y seguir haciendo lo mismo.

Publicado originalmente en euskera en antxetamedia.eus.