Diferentes asociaciones han querido denunciar y mostrar su preocupación ante la Disposición Adicional cuarta de la Ley 6/2025 que vuelve a limitar el acceso a la RGI de las personas que carecen de un contrato de alquiler.
Las asociaciones firmantes, Ara!Gorputz Koop, Arrats Elkartea, Bizirun Elkartea Por los Derechos Sociales, Bor Bor - Hausnarketa kolektiborako plaza, Cáritas, Elkarrekin Cooperativa de Investigación y Acción Social, Erletxea, GISA Elkartea, Larreaundi-Olaberria Auzo Elkartea y Korapilatuz, muestran su preocupación “por las consecuencias que para las familias más vulnerables de nuestra sociedad va a tener la decisión del Gobierno Vasco y de los partidos que lo sustentan, de volver a limitar el acceso a la RGI de las personas que carecen de un contrato de alquiler de la habitación o de la vivienda en la que residen”.
El pasado jueves 11 de diciembre de 2025 el Parlamento Vasco aprobó, con el voto de los partidos mencionados, la Ley 6/2025 de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda Suelo y Urbanismo, que en su Disposición Adicional cuarta introduce una modificación de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión. Concretamente añade un nuevo apartado 3, al artículo 13 de dicha Ley, con la siguiente redacción, “3. No tendrá la consideración de domicilio el uso sin título válido en derecho de un establecimiento de alojamiento, de una vivienda o de un alojamiento dotacional, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación de las instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal en relación con las personas sin domicilio”.
Este texto, según las asociaciones firmantes, es exactamente el que estaba contenido en el artículo 2.2 del Reglamento de la RGI y que el Tribunal Superior de Justicia del País vasco anuló el pasado mes de febrero. Y denuncian consecuentemente que con “esta modificación vergonzante, de tapadillo y sin posibilidad un mínimo debate social y parlamentario, el Gobierno Vasco y los partidos que lo sustentan vuelven a excluir de la posibilidad de acceder a la RGI a cientos de familias vulnerables que, ante la crisis habitacional y de vivienda que sufrimos, no consiguen acceder a un contrato de alquiler ni siquiera de una habitación y se ven obligadas a aceptar condiciones abusivas para acceder a cualquier recurso habitacional”.
Para las firmantes, resulta incomprensible que el Gobierno Vasco y los partidos que lo sustentan, sean “incapaces de reaccionar ante la crisis de la vivienda que llevamos años sufriendo, como si no fuera de su competencia”, y continúan, “aprovechando esta Ley de medidas urgentes en materia de Vivienda Suelo y Urbanismo, que debería estar orientada a garantizar el derecho básico a una vivienda digna, precisamente para recortar los mínimos derechos de las familias más vulnerables de nuestra sociedad, a quienes condenan así a la marginalidad y la explotación”.
Lamentan igualmente que el resto de las fuerzas políticas “no sean capaces de poner en su agenda y de llevar a otros foros y a otras instituciones públicas, esta grave limitación de derechos, que como hemos explicado afecta a las familias más vulnerables y con menos recursos de nuestra sociedad”.