Erletxea.- El problema del acceso a una vivienda en Irun no es nuevo, pero es un problema que cada día afecta a más y más personas. Un problema que se afronta con preocupación y un punto de impotencia y malestar. Por el momento, las instituciones públicas siguen en la línea “desarrollista” que ya criticaba hace más de 15 años la Federación de AVV, Oiasso 2000. A día de hoy el Ayuntamiento tiene “un informe de resultados”, de este mismo año, “sobre diagnóstico y plan de vivienda” con una serie de conclusiones que apuntan a tomar medidas importantes, urgentes y valientes. Que sea así solo el tiempo, que muchas personas no tienen, lo dirá.

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Además de denunciar las agresiones y pintadas racistas realizadas este año por grupos neonazis en Irun, SOS Racismo ve necesario elaborar un protocolo de respuesta a las mismas. SOS Racismo ha propuesto a los ayuntamientos de Irun, Errenteria, Donostia-San Sebastián, Eibar y Tolosa que elaboren un protocolo para investigar si detrás de estas pintadas se esconde un "delito de odio". Ante las once pintadas y agresiones fascistas que se han dado este año en Irun, el Ayuntamiento de Irun solo ha condenado una vez esta agresión.

PODEMOS Ahal Dugu.- La secretaria de Feminismos de Podemos Euskadi y concejala en Irun, Thania Pazos, y la portavoz en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Miren Echeveste, denuncian que PNV y PSE sigue sin hacer nada para apoyar la igualdad en las fiestas de Irun y acabar con la división existente en la ciudad.
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Mientras en el Ayuntamiento de Irun se hace el silencio, cada fin de semana se va multiplicando el grupos vecinales que bajo el pretexto de velar por la seguridad de las calles de la ciudad han organizado las "Patrullas Vecinales". Según el jefe de la Ertzaintza de Irun, Andoni Urdangarin, "pasear por los barrios con chalecos no es un delito penal". El GKS y los grupos antifascistas, por su parte, han denunciado que las pintadas y agresiones de este año en Irun "forman parte del discurso del miedo que hace la ola reaccionaria".

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Comenzarán a negociar el convenio laboral UDALHITZ, que se aplica a los 28.000 trabajadores municipales de la CAV, tras cumplir algunos de los requisitos establecidos por el sindicato ELA para constituir la mesa negociadora.