Ehbildu ha hecho llegar a todos los buzones de nuestra ciudad, un folleto, donde se nos informa que van enmendar en su totalidad los presupuestos presentados por Santano.
A finales del siglo XV, los habitantes de Yrun- Urançu decidieron unirse y decir NO a la imposición de una serie de medidas que perjudicaban seriamente su economía y su sustento.
Hoy, en el siglo XXI, vemos como la imposición de una serie de medidas vuelven a perjudicar seriamente la economía y el sustento de los habitantes de esta localidad.
Era de esperar que hubiera alguna reacción pública por parte del alcalde de nuestra ciudad al hecho que el Tren de Alta Velocidad ya circule directo desde Madrid a París por Barcelona. En este tema del TAV desde siempre la política de este gobierno municipal ha sido y con perdón, "culo veo culo quiero".
Llegan estas fechas entrañables en las que las personas de buena fe hacen regalos. Esto es lo que los socialistas guipuzcoanos (las socialistas guipuzcoanas no sabemos) han hecho con los y las vecinas de algunos pueblos de gipuzkoa. El regalo ha consistido en un simpático tríptico que han buzoneado en las casas de estos y estas afortunadas guipuzcoanas.
Con esta declaración queremos denunciar dos juicios políticos que se están dando en el estado español. Por un lado, el proceso judicial que comenzó el 14 de octubre contra el movimiento juvenil, con la imputación de 40 jóvenes y la petición de seis años de cárcel para cada una por su trabajo político. Por otra parte el juicio que se inició tres días después, con la petición de penas de entre ocho y doce años para 36 ciudadanas vascas y la petición del cierre de todas las Herriko Tabernas. Esto tiene un duro reflejo en Irun, ya que nos pone a las puertas del encarcelamiento de nuestro conciudadano Ibai Esteberlanda así como del cierre de la sociedad Hazia, espacio político- cultural activo durante los últimos 23 años.
Bajo la normativa sancionadora de la ordenanza municipal "sobre comportamiento cívico y reguladora del uso, ocupación y limpieza de la vía pública" del 2011, el sindicato LAB ha tenido que hacer frente al pago de una multa de 720€ por, según consta en la multa, "colocar pegatinas, carteles, pasquines, pancartas, banderolas de carácter político o cualquier tipo de anuncio/publicidad o de otra índole sin autorización". Esta multa hace referencia a la manifestación que se realizó el pasado 30 de mayo dentro de la jornada de huelga general y convocada conjuntamente por diferentes agentes sociales y sindicales como coordinación Herri Ziztadak.
César MANZANOS, Doctor en Sociología, miembro de Salhaketa de Araba.- Este pasado viernes se celebraron dos acontecimientos importantes relacionados con la Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Uno su aprobación en el Congreso de Madrid y, el otro, las Jornadas sobre Criminalización de la Protesta Social y Estrategias de Resistencia Ciudadana en Sevilla, organizadas por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura ante la constatación de que “durante los años 2011 y 2012 los informes de la CPDT han visibilizado un aumento importante en el número de denuncias cuyo origen se enmarca en la represión de las protestas sociales. De las 851 personas agredidas durante 2012, 591 personas lo fueron durante o después de participar en las protestas sociales, lo que supone un 69% del total de personas agredidas que presentan dichos informes”.
El pasado 20 de noviembre algunas personas de oscura nostalgia recordaron los 38 años de la muerte del dictador Francisco Franco. Otras por contra recordaban que en Irun todavía podemos encontrar diversa simbología franquista. Las peticiones para su retirada definitiva han sido múltiples pero a día de hoy siguen siendo ignominiosamente visibles.
Desde que el pasado 15 de abril del 2011 apareciera publicada en el Boletín Oficial de Gipuzkoa la "ordenanza municipal sobre comportamiento cívico y reguladora del uso, ocupación y limpieza de la vía pública" y su posterior aplicación semanas después, la situación de las mujeres prostitutas que ejercen su trabajo en la calle se ha convertido en un infierno de multas que han llegado incluso a los juzgados. Hace justo ahora un año teníamos la oportunidad de asistir a una charla con una persona del Centro Aukera que trabaja con estas trabajadoras. Desde entonces a día de hoy el empeoramiento en su situación de indefensión y vulnerabilidad ha aumentado considerablemente debido a la aplicación del artículo 17 de la mencionada ordenanza.
Con la excusa de que lo hace en la búsqueda de acuerdos con otras fuerzas políticas para financiar las carreteras, cierra el círculo que, en la pasada legislatura inició Markel Olano y su gobierno. ¡Que paguen SOLO los transportistas!